Por estos días se está cumpliendo el cuarto aniversario de la brutal golpiza (5 de mayo) al activista Juan Wilfredo Soto García que desembocó en su muerte poco más de 48 horas después. Luego sobrevinieron las de connotados líderes, comoLaura Pollán y Oswaldo Payá Sardiñas, en las que muchos concordamos también ante la presencia de la mano criminal. La efectividad de la ejecución extrajudicial, verificada en el caso Juan Wilfredo Soto, probada con creces ya por otros regímenes, está fuera de toda duda también en Cuba.
El régimen que se inició con los paredones ya no los necesita. La moratoria desde 2003 respecto a la pena de muerte es posible ya que quienes detentan el poder han perfeccionado su manera de eliminar adversarios políticos pagando por ello el menor precio posible. Corea del Norte que elimina «judicialmente» sin miramientos, como volvió a demostrar hace apenas unos días, deberá tomar lecciones de sus aliados cubanos, más sofisticados, más duchos en la materia, mejores alumnos de Maquiavelo.
En los tres casos mencionados es denominador común la negativa a investigaciones imparciales que a quien más beneficiaría sería al sospechoso de asesinato si en verdad fuese inocente. ¿Qué ha sucedido en el caso Juan Wilfredo a cuatro años de su muerte?:
– Sus familiares más cercanos, sus dos hijos, muy conscientes de la criminalidad del régimen, se pusieron a salvo y emigraron a través del Programa de Refugiados de los Estados Unidos.
– La investigación imparcial solicitada a la Fiscalía General de la República no ha brindado ninguna conclusión.
– Ningún otro testigo, de la lista que entregué a la Fiscalía Provincial de Villa Clara, fue llamado a declarar, y según se me explicó allí recientemente cuando me dirigí a procurar información, el Fiscal Osmel Fleites Cárdenas, quien escuchó mi declaración, levantó acta, y me confirmó que existen suficientes elementos para abrir un proceso, «ya no tiene que ver con el asunto porque además la investigación pasó a manos de la Fiscalía Militar».
– Ha sido imposible acceder a la familia de Alexis Herrera Rodríguez, vecino entonces de Calle 5ta., entre 12 y 14, número 204, en el Reparto Camacho de Santa Clara, uno de los tres militares que participó en la golpiza mortal a Soto, manipulados con toda seguridad por oficiales de la Policía Política que varios testimonios ubican aquella fatal mañana de la golpiza en la misma área, y quien se suicidó con un disparo aquel domingo 8 de mayo de 2011, Día de las Madres en que sepultábamos a Soto, para sobrevivir apenas cinco días y ser finalmente sepultado con un operativo de vigilancia extrema el viernes 13 de mayo.
– A los otros dos policías que participaron en la golpiza, veinteañeros también como Alexis, un hombre y una mujer, también ha resultado imposible localizarlos aunque se rumora que ambos quedaron fuera del cuerpo militar, al menos visiblemente, y de un probable internamiento de uno de ellos en un hospital psiquiátrico.
Por nuestra parte vivimos conscientes de los peligros que seguimos contrayendo al denunciar la realidad de la ejecuciones extrajudiciales que son llevadas a cabo con total impunidad en Cuba, se nos confirma cada día de diversas maneras, pero no nos queda otra alternativa si es que de verás queremos representar al Dios de Justicia a quien decimos servir y a cuya protección nos encomendamos. Y en el caso de Juan Wilfredo, habiendo agotado las tan reducidas como amañadas posibilidades legales en Cuba, no nos queda más que apelar a los mecanismos internacionales establecidos, para lo cual contamos con el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos dirigida por Elizardo Sánchez y con la hostigada organización Cubalex.