Artur Mas a su salida del TSJC arropado por los 400 alcaldes que le acompañaron durante su declaración por la organización de la consulta del 9-N, tomada de la Fotogalería: Artur Mas declara ante el TSJC elpais.com/elpais/2015/10… via @el_pais

Como cubano que anhela un cambio democrático para Cuba puedo ponerme en los zapatos de las aspiraciones catalanas.

Si tengo en cuenta mi apellido Lleonart entonces me resulta más fácil todavía pues también me corre sangre catalana por las venas. Pero al fin y al cabo tanto para cubanos como para catalanes al fondo de nuestros problemas se encuentran dos constituciones que nos cierran el paso ante la imposibilidad de referendos. Para unos respecto a la posibilidad de cambiar a un estado que no necesariamente tenga carácter socialista, para los otros a la posibilidad de volver a ser lo que se fue antes que se les anexionara por la fuerza a la Corona española. Acostumbrados como estamos los demócratas cubanos a sanciones políticas de todo tipo no tenemos que hacer gran esfuerzo para comprender la instrumentalización política de la justicia que tiene lugar de parte del Gobierno central español tras el contundente resultado electoral en las elecciones regionales del Parlamento catalán del pasado 27 de septiembre que concedió la victoria a la plataforma independentista que propone de nuevo a Artur Mas como presidente de la Generalitat (sistema de instituciones de Catalunya).

Como parte de esta evidente vendetta política Joana Ortega, exvicepresidenta del gobierno regional de Catalunya, e Irene Rigau, la Consejera de Enseñanza tuvieron que presentarse ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Catalunya el pasado 13 de octubre. Y el 15 ha debido hacerlo el propio presidente, Artur Mas. Esto tuvo lugar a pesar de la oposición de los fiscales catalanes a dicha querella planteada por la Fiscalía General del Estado. El objetivo fundamental sería inhabilitarles para cargos públicos lo cual cerraría el camino en particular a Arthur quien sin dudas aspira y posee las mayores posibilidades para ser reelegido.  Aunque el presidente del gobierno español Mariano Rajoy se defiende diciendo que su Ejecutivo nada tiene que ver con estas decisiones resulta difícil creerle. Rajoy en persona se movió a Catalunya para estar presente durante las dos semanas de campaña que antecedieron a las elecciones regionales acompañado de otros importantes líderes nacionales, luego de haber cabildeado con éxito incluso el apoyo de líderes mundiales como Barack Obama, Angela Merkel o David Cameron. Previamente a los resultados electorales ahora conocidos, ya el gobierno había anunciado que utilizaría todos los medios legales para frenar un proceso independentista, y es precisamente lo que están haciendo.

Si fuese cierto que estos funcionarios catalanes son culpables de desobediencia, obstrucción a la justicia e incluso hasta de malversación de fondos públicos por causa del proceso participativo al que convocaron como gobierno catalán hace casi un año, no debió esperarse a la contundente victoria que obtuvieron en estas  elecciones regionales para hacerles rendir cuentas. La impugnación se refiere al pasado 9 de noviembre de 2014 cuando lograron 1,9 millones de votos a favor de la independencia, de un total de 2,3 millones de participantes, a pesar de no contar con el reconocimiento oficial. Pero han esperado para cobrárselos ahora, tras los contundentes resultados de la coalición «Junts pel Si» formada por las dos fuerzas políticas a favor de la independencia, Convergencia Democrática y Esquerra Republicana de Catalunya, que logró superar incluso la meta propuesta de 68 de los 135 escaños, obteniendo 72 con la sumatoria de 10 puntos de la Candidatura de la Unidad Popular, para una mayoría absoluta.

Es demasiado evidente el ajuste de cuentas y el carácter de golpe bajo con el que actúa el gobierno español temeroso de que finalmente no pueda retener a Catalunya. El propio Rajoy ha referido que no aceptará ningún proceso de negociación con las autoridades independentistas de la comunidad autónoma de Catalunya, y si de plano renuncia al camino civilizado, entonces resulta claro: actuará de formas desesperadas como estas, aún cuando pretenda invocar la ley. En verdad este proceder resulta coherente con la injusta forma de actuar de un gobierno que constitucionalmente cierra las puertas a un posible referendo mediante una Constitución que no incluye la posibilidad de secesión para ninguna de las regiones autónomas. En el caso catalán es la continuación de un juego sucio que es antecedido, primero por la invalidación parcial en 2010 del Tribunal Constitucional de un estatuto regional que habría aumentado el autogobierno, y segundo, a la posterior negativa en 2012 a su petición de un referéndum de autodeterminación. Procesos que en definitiva se extienden por casi un siglo de desencuentros y tensiones entre Barcelona y Madrid, un capitulo sin cerrar de la mala herencia del  franquismo.

Lo cierto es que por más que duela a Rajoy y a su Ejecutivo el pueblo catalán ha hablado claro y será muy difícil hacerle renunciar a su sueño de refundar su República Catalana, meta que incluso se han propuesto para 2017. Las vistas legales al presidente Mas y a las dos consejeras lo único que han conseguido es echar leña a un fuego que por más que el gobierno español lo intente aplacar no lo conseguirá mientras no sea receptivo a las legitimas aspiraciones catalanas, demasiado tiempo reprimidas, pero irrenunciables por más que la Corona obvie tales sentimientos y solo tema perder con Catalunya el 25% de sus exportaciones, el 19% de su PIB, el 16% de su población, su principal puerta a Europa y su región más turística. Puede que desde el punto de vista de los intereses de España, Europa o el mundo se tenga el derecho a cuestionar las aspiraciones catalanas, como la tienen los catalanes, y nadie más que ellos, a decidirlo democráticamente en las urnas como lo hicieran los irlandeses en el Reino Unido, ¡para salir de toda duda!

Volviendo de mis zapatos catalanes a los cubanos me llama poderosamente la atención, salvando notables distancias, determinados símiles entre ambas causas. Mas allá de las dos constituciones negando la posibilidad legal de referendos, se encuentran, de un lado los políticos aferrados al poder tratando de mantener sus respectivos status quo y con ellos sus intereses financieros, ofreciendo resistencia a través de cualquier tipo de manipulaciones políticas antidemocráticas, y del otro, quienes nos negamos a rendirnos en busca de hacer realidad nuestras esperanzas de reivindicaciones, hasta que las alcancemos.